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BARRIADA LA MALLORQUINA.5

 

ALEGACIONES AL PLAN PARCIAL EFECTUADAS POR EL COLEGIO DE ARQUITECTOS

 
El 17 de Julio de 1978, el Colegio de Arquitectos reclamaba ante el Ayuntamiento contra el Plan Parcial de Ordenación Urbana de la finca comprendida  en el polígono E-B-1 del Plan General. El mismo fue aprobado inicialmente el 30 de Mayo de 1978 y apublicado en el Boletín Oficial de la Provincia nº 140 del 19 de Junio

Tal reclamación se basaba en que el Plan General de Ordenación Urbana delimitaba perfectamente el suelo urbano y el de reserva urbana en Planes Parciales.

Exponía que los redactores del Plan excluían una parte del polígono E-B-1 (las de propiedad de los señores Salas Garau que gestionaba el alcalde) porque entendían que se trataba de una zona consolidada. Hecho éste inadmisible porque:

  • Se incumplía la delimitación ordenada en el Plan General, lo que supondría su nulidad. Ello condenaría a que la zona excluida carecería de equipos contemplados en la Ley, mediante cesiones previstas para zonas verdes, centros culturales y docentes,  etc.
  • Eran los propietarios de esos terrenos los interesados en que esa situación se consolidase para no ceder los terrenos a los que la ley les obligaba.

También recurría el Colegio de Arquitectos los graves errores existentes en el dimensionado, con notables diferencias entre lo que el Plan Parcial determinaba como casco urbano y zona de reserva urbana. Lo que influiría negativamente tanto en la edificabilidad, en el aprovechamiento por parcelas, en la superficie de edificación residencial, en las de parques y jardines públicos, en Centros Culturales y Docentes, en las cesiones del 10% de Edificabilidad o en las cesiones obligatorias en concepto de parques, centros culturales y docentes. Reclamaban que los 1.500 m2 que ya habían cedido en 1968, fecha de la concesión ilegal de la licencia de parcelación, y que ya eran de propiedad municipal, ahora lo incluían de nuevo ecomo cesión de terrenos para escamotearlos de menos en estos momentos.

Se denunciaba también que el Plan omitía la redacción de un Plan Especial para la localización del centro comercial de Camas.

Se hacía referencia, además, de la incoherencia municipal al aprobar los Estudios de Detalles en terrenos de zona de Reserva Urbana, aduciendo su carácter de urbanos por consolidación, que este Plan los incluía nuevamente como de reserva urbana.

 Sin embargo se omitía en este Plan el de la parcela nº. 2 del que ni siquiera se planteaba legalizar su situación y sobre el que se estaban  concediendo Licencias de Obras en acuerdo tomado por la Corporación el 19 de Julio de 1977  por el proyecto de pavimentación y alcantarillado (con duración de 3 años) de la urbanización de un solar de la 1ª. fase de los terrenos situados en la calle Santa María de Gracia, 15.  El presupuesto ascendía a 6.553.336 Ptas. y fue presentado por D. Antonio Millán Bejarano en nombre de Industrias Salas,  abonando por la licencia un importe de 131.067 Ptas., la cual se pagaba dos días después.

Finalmente veían como contradictorio que el Ayuntamiento cediese 400 m2. al Ministerio de Educación y Ciencia para la construcción de tres aulas de educación especial cuando aún no estaba aprobado el Plan Parcial y esos terrenos estaban considerados como de reserva urbana.

Por todos estos hechos solicitaban que se acordase la suspensión inmediata de las licencias y cesiones hasta que se aprobase un planeamiento que posibilitase todas las acciones.

Alegaciones del Partido Socialista de Andalucía y de la Asociación de Vecinos Cal y Barro

Paralelo a este recurso, al día siguiente, el 18 de Julio de 1978, se presentaban sendos recursos por don Joaquín Reina Morente, como representante del Partido Socialista de Andalucía y doña Margari Cubiles García como secretaria accidental de la Asociación de Vecinos Cal y Barro. Ambos, además de coincidir en los razonamientos del Colegio de Arquitectos añadían que los propietarios de los terrenos venían parcelando grandes extensiones de tierra en esta localidad, sin someterse a las exigencias de previo planeamiento y urbanización, es decir vendiendo parcelas rústicas  por parcelas, por cuyos hechos se cursaron una serie de denuncias por vecinos de la población que en ese momento estaban pendiente de solución, entre ellas la del Ministerio de la Vivienda el 10 de Abril de 1974 o la presentada ante el juzgado de instancia nº. 3 de Sevilla contra el Alcalde, por fraude y falsedad.

En definitiva, la oposición al Plan Parcial se planteaba por entender que lo que se pretendía era legalizar situaciones llevadas a cabo en beneficio de intereses particulares, que en ciertos casos estaba representado por el propio alcalde, como lo era el sector 2, perteneciente a los señores Salas Garau, de quien era apoderado, pretendiendo dejar de conceder al Ayuntamiento la totalidad de las cesiones que los propietarios tendrían que hacer para dotar de equipamiento a la totalidad de la zona, tal como preveía el Plan General.

Porque el que parte de esa zona estuviese consolidada no podía servir de excusa o justificación para eludir tales obligaciones ya que ello redundaría en la falta de servicios ( zonas verdes, culturales, etc. ).

Concluían sus recursos oponiéndose al Plan Parcial pidiendo la anulación de la aprobación inicial y que se ordenase la paralización de las obras ya concedidas, hasta tanto se efectuase la ordenación que preveía el Plan General y que se concediesen y garantizasen las cesiones de terrenos previstos en la Ley para equipamientos colectivos , así como para el patrimonio municipal.

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BARRIADA LA MALLORQUINA.2

Hemos reflejado en el post anterior la aprobación ilegal de esa parcelación. En base a su aprobación, el 6 de Mayo de 1969  se pagó la correspondiente licencia de los terrenos situados en la calle Santa María de Gracia, 15  aprobada por la Comisión Permanente Municipal del 10 de Diciembre de 1968.

El presupuesto de tales obras ascendió a 200.000 Ptas. y fue presentado por D. Manuel Sánchez Ojeda en nombre de D. Fernando Salas Garau, pagando por la licencia 4.000 Ptas.


Debido a esa primitiva Licencia se comenzaron las parcelaciones que originaron la creación de  las calles Evaristo del Castillo, Algaida, Ibiza, Castillo de Bellver y Joaquín Camino.

También el 10 de Julio de 1972 la Junta Provincial de Carreteras autorizaba al Ayuntamiento la reparación del alcantarillado, en una longitud de 300 ms. lineales para que se colocase una tubería de 400 mm. de diámetro, presuponiendo la existencia de una alcantarillado anterior.

Para evitar que se continuase con este desmadre varios vecinos interpusieron una querella( véanse los puntos 4º y 5º de los hechos) ante al juzgado y otra:

DENUNCIA ANTE EL MINISTERIO DE LA VIVIENDA

Por lo que el 10 de Abril de 1974, ante tal ilegalidad se  presentó en la Delegación del Ministerio de la Vivienda denuncia por las infracciones urbanísticas que se estaban cometiendo en la Barriada La Mallorquina al haberse realizado construcciones en una parte de la misma sin tenerse en cuenta lo que establecía la Ley del Suelo.

En virtud de esa denuncia El Ministerio requirió información al Ayuntamiento sobre la Barriada,  y el 5 de Junio de 1974 el Sr. Lozano  Meridiano  contestaba  como alcalde que “no existía urbanización denominada La Mallorquina y que suponía que se hacía referencia a la apertura de 3 calles dentro del propio centro del casco urbano, en el solar de Casa Salas, con la autorización del Ayuntamiento de fecha 10 de Diciembre de 1968 que contaba con todos los servicios y pavimentación asfáltica…”

La Delegación Provincial del Ministerio de la Vivienda, suspendía provisionalmente el resto de las actuaciones urbanísticas que tenía previsto realizar el Ayuntamiento, ordenando paralizar las obras y suspendiendo la licencia aprobada por el Ayuntamiento. A pesar de todo, lo que ya estaba construido, era asumido por el Ayuntamiento y el 24 de Diciembre de 1974 se acordaba la cesión de calles, solicitando informe del Aparejador Municipal quien lo emitía favorablemente el 14 de Enero de 1975, dando conformidad a las calles Ibiza, Algaida, Castillo de Bellver y Joaquín Camino debiéndose reforzar el pavimento. Tal acuerdo fue ratificado por el Pleno el 25 de Febrero de ese mismo año.

Por otra parte, en relación con la paralización de las obras,  se  aceptaba lo dispuesto por la Delegación del Ministerio de la Vivienda, notificándole a este organismo que se estaba preparando por la propiedad el Plan Parcial y Proyecto de Urbanización relacionado con el solar de los Sres. Salas y que le sería remitido en breve.

Pese a que el Ministerio de la Vivienda ordenó que se presentase el Plan Parcial  y que el Ayuntamiento contestó al Ministerio que el mismo se estaba redactando, la propiedad no lo presentó y lo sustituyó por un Estudio de Detalle ( significado en el próximo post) contra la opinión de la Comisión Provincial de Urbanismo.

Con esto, de nuevo, se pretendía eludir el cumplimiento de las obligaciones que exigía la Ley del Suelo, en cuanto a cesiones a favor del municipio. 

Tras las distintas denuncias presentadas y la paralización de las obras de la primitiva parcelacion, y que finalmente se redactase y ejecutase un Plan Parcial, lo que se presupuestó como una inversión de 200.000 ptas, se convertiría en unas inversiones por valor de 23.221.500 ptas., según se preveía en el estudio económico de ese Plan.

NUESTRA QUERELLA CRIMINAL AL ALCALDE, JUAN LOZANO MERIDIANO, POR FRAUDE Y FALSEDAD ( 5 de 17)

Tras la admisión de la querella criminal por fraude y falsedad, en Agosto de 1975,  aceptada por el Juzgado nº 3 de los de Sevilla contra el alcalde de Camas interpuesta por varios vecinos y con más de un año de instrucción del expediente, se realizaba el juicio verbal con el sometimiento del querellado al interrogatorio.

PRUEBAS DEL JUICIO.5

Las pruebas que fueron aceptadas por el Juzgado para ser practicadas fueron las siguientes:

  1. Petición de declaración del querellado.
  2. Solicitud de una escritura de compraventa en la que firmaba como apoderado de los Sres. Salas Garau.
  3. Petición al Gobierno Civil de certificaciones sobre:
  • Fecha de la toma de posesión del Sr. Lozano Meridiano como alcalde de la localidad de Camas.
  • Si existía expediente de Contribuciones Especiales en la C0misión Provincial de Urbanismo.
  1. Requerimientos a la Delegación del Ministerio de la Vivienda sobre la existencia de Plan de Ordenación en las Barridas Mallorca y Mallorquina.
  2. Petición de certificaciones al Ayuntamiento sobre:
  • La existencia de Plan Parcial y Proyecto de Urbanización y fechas de aprobación en las Barriadas Mallorca y Mallorquina.
  • Si hay acuerdo de la corporación para que la calle I de la Barriada Mallorca revertiera a la propiedad.
  • El acuerdo para la contratación de la electridad por el Ayuntamiento, de la Barriada La Mallorquina.
  • Si los terrenos de esta barriada habían sido recibidos por el Ayuntamiento y su fecha.
  • Se solicite información de la Compañía Sevillana sobre la póliza anterior.
  1. Petición de declaración a los compradores de la calle I.

Camas. El Alcalde de Camas prestó declaración en el Juzgado. 5 de Octubre de 1976

Camas. El Alcalde de Camas prestó declaración en el Juzgado. 5 de Octubre de 1976

Toma de Declaraciones al querellado, Sr. Lozano Meridiano, Alcalde de Camas.  (Prueba 1)

Resumimos las respuestas dadas por el Sr. Lozano Meridiano ante el cuestionario de preguntas que había preparado nuestro abogado, Don Juan Carlos Aguilar Moreno, en virtud de la querella criminal aceptada a trámite por el Juzgado.

Tal como quedó reflejado en la noticia de prensa y durante el transcurso de tiempo de más de una hora, era el 4 de Octubre de 1976 cuando se le tomaba declaración por el Juez de Instrucción nº 6 de Sevilla, afirmando ser cierto que era apoderado de los Sres. Salas Garau, desde 1955 que llegó a Sevilla, y que los mismos eran propietarios de muchos terrenos en Camas, en parte por escrituras pendientes de formalización por herencia de su padre, fallecido en 1942. Entre ellos los que estaban frente a la fábrica de jabones “Agrícola Mallorquina”, donde se encontraban los pozos de abastecimiento.

A la pregunta del letrado sobre si en las compraventas en las que no se habían formalizado las escrituras públicas, las contribuciones especiales de esos terrenos, si se habían girado a los vendedores o a los compradores, manifestó el querellado que LO IGNORABA, porque no era de su competencia y confirmaba que los terrenos se habían vendido por parcelas, unas a tanto alzado y otras a precio por metro cuadrado, trasladándose desde Mallorca a Sevilla como empleado de los Sres. Salas Garau en el año 1955 para realizar esas operaciones.

Ante las copias de escrituras exhibidas, reconocía su participación como apoderado en las operaciones de compraventa en las fechas de 13 de Octubre de 1964 y 12 de Abril de 1965.

No sólo no reconocía que los terrenos que vendía no estuviesen urbanizados y que sólo tenían una señalización de calles sino que además afirmaba que cumplían todas las exigencias del Ayuntamiento, dedicándose una parte de esos terrenos a la construcción de Viviendas Protegidas, calificadas y subvencionadas por el Ministerio de la Vivienda, aunque no recordaba si tales viviendas estaban dotadas de todos los servicios en el momento de la construcción, aunque suponía que sí.

Se le preguntó si era cierto que en 1975, el año anterior a estas declaraciones, se habían impuesto contribuciones especiales a la Barriada Mallorca, cuyos terrenos, conocidos antes como “La Gomera” y “Orozul” que eran los vendidos por los Sres. Salas Garau por las obras que en ese momento se realizaron en su totalidad con pavimentación, alcantarillado luz, etc. respondiendo que no poseía los antecedentes necesarios para contestar correctamente. Tampoco se acordaba de la procedencia de los  fondos con los que se estaban financiando las obras y que no tenía por qué decirlo remitiéndose a las Cuentas de los Fondos Municipales. Más tarde añadía que la Barriada fue recibida por el Ayuntamiento en 1959 tomando a su cargo la conservación de calles y que posteriormente se mejoró el alumbrado público por lámparas de mercurio aplicando las contribuciones especiales  que fueron satisfechas  por los vecinos, antes de 1970 y posteriormente a su recepción, indicando que las contribuciones de 1975 se referían al asfalto  para mejorar la existente, que se había hecho con las exigencias municipales de la fecha en que se promovió la parcelación como en el resto de las urbanizaciones de Camas.

Ante la pregunta del letrado si estaban pavimentadas alguna vez antes del año 1975 en que se volvieron a imponer contribuciones especiales el querellado respondía que estaban pavimentadas  y que por eso las recibió el Ayuntamiento en el año 1959, siendo alcalde Don Eugenio Pérez Puente. Y que las contribuciones especiales de 1970 lo fueron exclusivamente para las luces de mercurio. También se le preguntó si con anterioridad a 1975 había habido contribuciones por cualquier tipo de pavimentación y contestaba que no lo recordaba, aunque creía que nunca  antes se pagó por ello.

Desconocía si casi ninguno de los actuales propietarios había pagado las contribuciones especiales de Barriada Mallorca aunque afirmaba que había recursos entablados, promovidos políticamente por los querellantes y desconocía si las reclamaciones ascendían a más de 300 y  que todas las obras realizadas en las parcelas vendidas, que él supiera, lo habían sido con Licencia Municipal.

En cuanto a la Barriada La Mallorquina decía que se pagaba contribución urbana por solares sin edificar, por alcantarillado y por canalones; que estaba edificada, aproximadamente en 1969,  en la parte autorizada por el Ayuntamiento y calles recibidas. Relacionado con la pregunta de si había Plan de Ordenación y proyecto de urbanización contestaba que no era exigible en un solar ubicado en casco urbano dentro del perímetro municipal, ignorando la fecha de la Ley del suelo. Según su versión la barriada fue recibida por el Ayuntamiento en diciembre de 1974.

Admitía que en terrenos trazados y delimitados como calles habían existido permutas previa autorización de la corporación e informe de los técnicos municipales.

Respecto a la luz de La Mallorquina decía que se pagaba porque estaban recibidas las calles y el pago se hacía con posterioridad a este hecho.

El querellado suponía que las parcelas vendidas en La Mallorquina tenían la condición de solares porque estaba aprobado por el Ayuntamiento en 1968 un plan de parcelación  de mayor superficie y como el letrado le manifestaba que la competencia en esa aprobación lo era de la Comisión Provincial de Urbanismo respondía que a su juicio no hacían falta otras parcelaciones. Ampliaba su respuesta aclarando que al denominar plan parcial municipal se refería al Plan de Aperturas de Calles, dentro del solar de los Sres. Salas.

A la pregunta del letrado de por qué entonces se aprobó un plan de parcelación municipal se le respondió que en ese momento se efectuaron los trámites que eran de régimen general en aquella fecha sin que pudiese recordar los que había que  efectuar, confirmando que los terrenos de la Barriada la Mallorquina fueron segregados de los de propiedad de los Sres. Salas Garau donde estaba la fábrica, que estaban sin edificar.

4 de Octubre de 1976. Respuestas del querellado, Sr. Lozano Meridiano, a las preguntas del letrado D. Juan Carlos Aguilar Moreno en presencia del Juez de Instrucción nº 6 de Sevilla1 de 4

4 de Octubre de 1976. Respuestas del querellado, Sr. Lozano Meridiano, a las preguntas del letrado D. Juan Carlos Aguilar Moreno en presencia del Juez de Instrucción nº 6 de Sevilla1 de 4

4 de Octubre de 1976. Respuestas del querellado, Sr. Lozano Meridiano, a las preguntas del letrado D. Juan Carlos Aguilar Moreno en presencia del Juez de Instrucción nº 6 de Sevilla.2 de 4

4 de Octubre de 1976. Respuestas del querellado, Sr. Lozano Meridiano, a las preguntas del letrado D. Juan Carlos Aguilar Moreno en presencia del Juez de Instrucción nº 6 de Sevilla.2 de 4

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

4 de Octubre de 1976. Ampliación de las respuestas del querellado, Sr. Lozano Meridiano, a las preguntas del letrado D. Juan Carlos Aguilar Moreno en presencia del Juez de Instrucción nº 6 de Sevilla.2 de 4

4 de Octubre de 1976. Ampliación de las respuestas del querellado, Sr. Lozano Meridiano, a las preguntas del letrado D. Juan Carlos Aguilar Moreno en presencia del Juez de Instrucción nº 6 de Sevilla.3 de 4

4 de Octubre de 1976. Ampliación de las respuestas del querellado, Sr. Lozano Meridiano, a las preguntas del letrado D. Juan Carlos Aguilar Moreno en presencia del Juez de Instrucción nº 6 de Sevilla.4 de 4

4 de Octubre de 1976. Ampliación de las respuestas del querellado, Sr. Lozano Meridiano, a las preguntas del letrado D. Juan Carlos Aguilar Moreno en presencia del Juez de Instrucción nº 6 de Sevilla.4 de 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SOBRE LA INCOMPATIBILIDAD DEL ALCALDE II (3 de 5)

A las notas enviadas por el Alcalde de Camas al Diario Pueblo  publicadas con fecha 7 de Abril de 1975,  con las que pretendía dar por sentado que todo en la Barriada Mallorca era normal, le respondieron 72 vecinos de la citada barriada dejando una cosa bien clara: “LAS DECLARACIONES DEL SEÑOR LOZANO MERIDIANO, NO DESVIRTUABAN LOS HECHOS QUE MOTIVARON LA DENUNCIA.”

Tras nuestra respuesta mostrando pruebas  contundentes, quedó demostrado que los hechos denunciados  ante el Ministerio de la Vivienda, dejaban al descubierto la estafa que se estaba cometiendo de vender a precio de suelo urbano, por parcelas, aquellos terrenos  que no tenían servicios de ningún tipo.

El pago se haría  bien por contribuciones especiales, directamente abonadas por los vecinos, o a través del Ayuntamiento.

Estos hechos avalaban la incompatibilidad del alcalde para ejercer como tal, toda vez que utilizaba los medios económicos del municipio y de sus vecinos para beneficiar a los señores Salas Garau, sus poderdantes, propietarios de los terrenos.

En ese nuevo escrito se dejaba constancia de lo que un grupo de vecinos había denunciado ante el Ministerio de la Vivienda y que aparecieron publicadas en el reportaje del Diario Pueblo del 1 de Abril de 1974:

a) Irregularidades en orden urbanístico.

b) La venta de terrenos rústicos a precio de suelo urbano.

c) Edificación de las parcelas con absoluta anarquía.

d) El que se hubiesen otorgado licencias de obras sin que existiese la urbanización.

e) Que no se exigiese a la propiedad la necesaria urbanización y pretendiese hacerlo  con la  aportación  de los vecinos y la Diputación.

f) Que las mismas circunstancias se estaban dando en la Barriada La Mallorquina.

No obstante, de las puntualizaciones del Alcalde, podría parecer como que se habían cumplido todos los requisitos.

El hecho de que se dijera que se había autorizado toda la parcelación y urbanización de los terrenos no significaba que se hubiese llevado a cabo la efectiva realización y aprobación de un plan parcial de ordenación y un plan de urbanización, requisitos que son previos para conceder licencias de obras, según exigía la Ley del Suelo, existente ya en la fecha en la que ocurrieron los hechos.

También se dejaba claro que aunque puntualizase que en Agosto y Octubre de 1958 se le autorizaba al entubamiento del Arroyo Montijo para desagüe general del alcantarillado de la barriada, no supuso el que, efectivamente, se hiciera la instalación del referido alcantarillado, como lo probaba el hecho que en esas fechas se estaban llevando a cabo tales obras. Las mismas se realizaban por cuenta del Ayuntamiento y de los vecinos y no por los señores Salas Garau, como debió ser. Y se dejaba constancia de que precisamente la Comisión Permanente de 18 de Marzo de 1975 había aprobado las certificaciones 1 y 2 referentes a la acometida del alcantarillado de la Barriada Mallorca.

Lo que sí quedó muy claro es que la autorización expresa que obtuvo del Distrito Forestal  para la tala de eucaliptos la puso en práctica de inmediato.

En cuanto a la referencia que hacía aludiendo a la aprobación de la parcelación por el Pleno de 25 de Febrero de 1959, tampoco desdecía en nada los hechos porque:

    • En el contenido del mismo no había referencia alguna a la ordenación exigida por Ley para la urbanización.
    • Tampoco se indicaba que hubiese sido aprobado posteriormente por la Comisión Provincial de Urbanismo del Ministerio de la Vivienda.
    • Se refería a una anterior aprobación de la Barriada, de la que omitía todos los datos.
    • Se daba por sentado que la barriada estaba dotada de todos los servicios de agua, luz, alcantarillado. Se extraía del acuerdo que única y exclusivamente se refería a la aprobación de un proyecto de parcelación por lo que resultaba un contrasentido motivar la aprobación del proyecto en la presunta existencia de esos servicios pues se afirmaba  la existencia de estos,  previamente a la redacción del proyecto que se estaba aprobando.
    • Se daba fe de que tales servicios no existían sino que era en esos momentos, al cabo de 16 años de la existencia de la barriada, cuando se estaban acometiendo obras tan elementales como la pavimentación y el alcantarillado.
    • También se le desdecía cuanto exponía en relación a que las fotografías aparecidas en prensa coincidían en épocas de lluvias ya que se le demostraba que en otras muchas ocasiones, también denunciadas en prensa, habían aparecido fotografías y denuncias del lamentable estado en que se encontraba la barriada.
  • Referente a la Barriada La Mallorquina, no aporta ni un solo dato.

Y, por supuesto éramos conocedores que en 1959 no era alcalde de la localidad ya que su toma de posesión tuvo lugar  el 9 de Octubre de 1961 siendo, precisamente, a partir de esa fecha cuando se producen todas las anomalías e ilegalidades en las referidas barriadas, a saber:

    • La no cumplimentación del proyecto de urbanización (era en 1975 cuando se estaban implantando los servicios y no a cargo de los propietarios de los terrenos.
    • La concesión de licencias de obras en terrenos no aptos legalmente.
    • La anarquía urbanística.
    • La no reserva de espacios verdes.
    • El consentimiento de obras sin exigir el previo pago de las licencias.
  • El consentir que revirtiesen a la propiedad lo que se había calificado como calles en el proyecto.

16 de Abril de 1975. Los vecinos de la Barriada Mallorca responden al Alcalde

16 de Abril de 1975. Los vecinos de la Barriada Mallorca responden al Alcalde

SOBRE INCOMPATIBILIDAD DEL ALCALDE

ARTÍCULO DE CÉSAR DEL ARCO DENUNCIANDO LAS IRREGULARIDADES DEL ALCALDE DE CAMAS EN LAS BARRIADAS MALLORCA Y MALLORQUINA

Manuel Benítez Salvatierra, bajo el pseudónimo de César del Arco, recogía, en un artículo del 1 de abril de 1975,  una denuncia ante el Ministerio de la Vivienda de José Martín Cuesta, Antonio Vidal del Cerro y Carlos Sánchez-Barbudo Santisteban sobre dos barriadas que se habían vendido como suelo urbano y estaban sin urbanizar, analizando diversas circunstancias y cuyos datos nos había solicitado a los miembros del Equipo Corresponsal:

  • Las irregularidades urbanísticas en Camas.
  • La venta de terrenos sin urbanizar en Barriada Mallorca, cuyo suelo se dividió en parcelas sin que se dieran las condiciones para ser suelo urbano al carecer de toda clase de servicios.
  • La construcción en esa Barriada con total anarquía, aglomerándose viviendas unifamiliares con pisos e industrias.
  • La concesión de licencias de obras por el Ayuntamiento, sin la existencia de los servicios elementales.
  • Que el Alcalde de la localidad, Juan Lozano Meridiano, intervenía en la venta de los terrenos como apoderado de los propietarios de los mismos, señores Salas Garau.
  • Que en ese momento, con la aportación económica de la Diputación y las Contribuciones Especiales que se le pretendían cobrar a los vecinos y sin exigírselo a la propiedad,  intentaban abordar la urbanización.
  • Las mismas circunstancias se daban en la incipiente Barriada La Mallorquina (ver publicación del 21 de Abril de 1974)
  • Hasta aquí el resumen del escrito de denuncia. Sin embargo el periodista, de su pluma, y con la ley en la mano, dejaba constancia de las obligaciones que recogía la Ley de Régimen Local para con los Ayuntamientos,  con lo cual no hacía sino afirmar la tesis que avalaba la incompatibilidad  del alcalde.  Así mismo resumía lo que la Ley del Suelo indicaba en dos cuestiones fundamentales, que resumidas venían a decir:
  • Que no podía elevarse el coste del valor del suelo caprichosamente, cuando todavía no se había desembolsado por la propiedad el coste de las obras.
  • Que no se podía efectuar ninguna parcelación urbanística sin que previamente se hubiese aprobado un plan parcial de ordenación del sector.

Terminaba su artículo recomendando al Ministerio de la Vivienda velase en este asunto por los intereses públicos y que tomase las medidas oportunas obligando a los propietarios de la parcelación a la realización de las obras de urbanización

1 de Abril de 1975. Cabecera del Diario Pueblo

1 de Abril de 1975. Cabecera del Diario Pueblo

065-camas-construccion-de-dos-barriadas-sin-urbanizar-2-2-01-04-75

1 de Abril de 1975. Artículo de Cesar del Arco sobre las irregularidades de las Barriadas Mallorca y Mallorquina.

 

 

10 de Abril de 1974. Denuncia a la que se refiere el periodista y que fue presentada al Ministerio de la Vivienda por José Martín Cuesta, Antonio Vidal del Cerro y Carlos Sánchez-Barbudo denunciando la ilegalidad de las Barriadas Mallorca y Mallorquina.

10 de Abril de 1974. Denuncia a la que se refiere el periodista y que fue presentada al Ministerio de la Vivienda por José Martín Cuesta, Antonio Vidal del Cerro y Carlos Sánchez-Barbudo denunciando la ilegalidad de las Barriadas Mallorca y Mallorquina.

de 1974. Denuncia a la que se refiere el periodista y que fue presentada al Ministerio de la Vivienda por José Martín Cuesta, Antonio Vidal del Cerro y Carlos Sánchez-Barbudo denunciando la ilegalidad de las Barriadas Mallorca y Mallorquina.

10 de Abril de 1974. Denuncia a la que se refiere el periodista y que fue presentada al Ministerio de la Vivienda por José Martín Cuesta, Antonio Vidal del Cerro y Carlos Sánchez-Barbudo denunciando la ilegalidad de las Barriadas Mallorca y Mallorquina.

Era la segunda vez que  los vecinos de la Barriada Olivar Viejo dirigían escrito al Gobernador Civil.

En esta ocasión querían  exponerle que  eran conocedores de la correspondencia emitida desde el Gobierno Civil al Ayuntamiento.

La información la pedía el Gobierno Civil al Ayuntamiento  en escrito del 20 de Enero de 1977, respondiendo éste el día 28 del mismo mes.

De nuevo el Gobierno Civil  requería más información al Ayuntamiento el 11 de Febrero y le daba instrucciones de informar a la barriada y acelerar el proceso de legalidad de la misma.

Los vecinos mostraban su sorpresa ante la respuesta que el Ayuntamiento le había dado al Gobierno Civil el 28 de Enero ya que  le decía que habían surgido parcelaciones autorizadas por el Ayuntamiento con todos los servicios incluidos, (luz, alcantarillado y acerado), cuando los vecinos denunciaban precisamente, desde el principio,  la carencia de  todos esos servicios. Dejaban claro con esta exposición la diferencia entre lo manifestado por la alcaldía y la realidad que ellos vivían cada día. Por esta razón  nos llamaba “profesionalmente contestatarios y guerrilleros”.

Evidenciaba la alcaldía, una vez más, la falta de ética y de respeto hacia las personas que tratábamos de defender nuestros derechos.

En esa misma contestación el alcalde decía que iba a solicitar la localización, en los archivos, del expediente de la barriada de 1964 y en un acto de total ignorancia le decía al Gobernador que “por lo visto se trataba de una parcela de 15.000 m2.” Los vecinos le demostraron que el alcalde mentía y le remitieron  al Gobernador un informe del Perito Municipal del 17 de Enero de 1977 (11 días antes de que el alcalde respondiese ante el Gobierno Civil) pudiéndose comprobar  que en la fecha que escribía el alcalde esto, “ya se había sacado del archivo el expediente de la barriada”,  así como que la corporación era conocedora de los metros cuadrados de la barriada  y adjuntaban copia del acuerdo de la corporación donde se acordó lo que tantas veces habíamos reclamado, es decir, la obligatoriedad de que las obras de parcelación de la Barriada les correspondía a los propietarios de los terrenos.

Pese a ello y al tiempo transcurrido tales obras no se realizaban. No sólo esto, sino  que tampoco remitían al Gobierno Civil y al  Ministerio de la Vivienda la documentación  que se les pedía.

Los propietarios de los terrenos recurrieron al acuerdo de la Corporación, empeñándose el Ayuntamiento en no contestar al recurso, acogiéndose al silencio administrativo. Con esta decisión perjudicaban a los vecinos ya que por ese silencio administrativo se daba a los propietarios de los terrenos un año más para ver la futura resolución de los problemas planteados.

Los vecinos dirigieron nuevo escrito al Ayuntamiento basado en el informe pericial.  Esto supuso que el Ayuntamiento  decidiese dar respuesta al recurso, por lo que la posible solución se adelantaría 10 meses.

Por todo ello solicitaban del Gobernador:

  • Se le llamase la atención al Ayuntamiento por la falta de veracidad en su escrito del 28 de Enero.
  • Se le obligase a que remitiese la documentación que se les había solicitado.
  • Que se le diesen las instrucciones oportunas para que contestasen a los Herederos de Eduardo Serrano, (propietarios de los terrenos) de acuerdo con el informe del Perito Municipal.

 2 de Febrero de 1978. Escrito de los vecinos de la Barriada Olivar Viejo al Gobierno Civil reiterando denuncias anteriores

2 de Febrero de 1978. Escrito de los vecinos de la Barriada Olivar Viejo al Gobierno Civil reiterando denuncias anteriores

 2 de Febrero de 1978. Escrito de los vecinos de la Barriada Olivar Viejo al Gobierno Civil reiterando denuncias anteriores

2 de Febrero de 1978. Escrito de los vecinos de la Barriada Olivar Viejo al Gobierno Civil reiterando denuncias anteriores

2 de Febrero de 1978. Escrito de los vecinos de la Barriada Olivar Viejo al Gobierno Civil reiterando denuncias anteriores

2 de Febrero de 1978. Escrito de los vecinos de la Barriada Olivar Viejo al Gobierno Civil reiterando denuncias anteriores