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BARRIADA LA MALLORQUINA.5

 

ALEGACIONES AL PLAN PARCIAL EFECTUADAS POR EL COLEGIO DE ARQUITECTOS

 
El 17 de Julio de 1978, el Colegio de Arquitectos reclamaba ante el Ayuntamiento contra el Plan Parcial de Ordenación Urbana de la finca comprendida  en el polígono E-B-1 del Plan General. El mismo fue aprobado inicialmente el 30 de Mayo de 1978 y apublicado en el Boletín Oficial de la Provincia nº 140 del 19 de Junio

Tal reclamación se basaba en que el Plan General de Ordenación Urbana delimitaba perfectamente el suelo urbano y el de reserva urbana en Planes Parciales.

Exponía que los redactores del Plan excluían una parte del polígono E-B-1 (las de propiedad de los señores Salas Garau que gestionaba el alcalde) porque entendían que se trataba de una zona consolidada. Hecho éste inadmisible porque:

  • Se incumplía la delimitación ordenada en el Plan General, lo que supondría su nulidad. Ello condenaría a que la zona excluida carecería de equipos contemplados en la Ley, mediante cesiones previstas para zonas verdes, centros culturales y docentes,  etc.
  • Eran los propietarios de esos terrenos los interesados en que esa situación se consolidase para no ceder los terrenos a los que la ley les obligaba.

También recurría el Colegio de Arquitectos los graves errores existentes en el dimensionado, con notables diferencias entre lo que el Plan Parcial determinaba como casco urbano y zona de reserva urbana. Lo que influiría negativamente tanto en la edificabilidad, en el aprovechamiento por parcelas, en la superficie de edificación residencial, en las de parques y jardines públicos, en Centros Culturales y Docentes, en las cesiones del 10% de Edificabilidad o en las cesiones obligatorias en concepto de parques, centros culturales y docentes. Reclamaban que los 1.500 m2 que ya habían cedido en 1968, fecha de la concesión ilegal de la licencia de parcelación, y que ya eran de propiedad municipal, ahora lo incluían de nuevo ecomo cesión de terrenos para escamotearlos de menos en estos momentos.

Se denunciaba también que el Plan omitía la redacción de un Plan Especial para la localización del centro comercial de Camas.

Se hacía referencia, además, de la incoherencia municipal al aprobar los Estudios de Detalles en terrenos de zona de Reserva Urbana, aduciendo su carácter de urbanos por consolidación, que este Plan los incluía nuevamente como de reserva urbana.

 Sin embargo se omitía en este Plan el de la parcela nº. 2 del que ni siquiera se planteaba legalizar su situación y sobre el que se estaban  concediendo Licencias de Obras en acuerdo tomado por la Corporación el 19 de Julio de 1977  por el proyecto de pavimentación y alcantarillado (con duración de 3 años) de la urbanización de un solar de la 1ª. fase de los terrenos situados en la calle Santa María de Gracia, 15.  El presupuesto ascendía a 6.553.336 Ptas. y fue presentado por D. Antonio Millán Bejarano en nombre de Industrias Salas,  abonando por la licencia un importe de 131.067 Ptas., la cual se pagaba dos días después.

Finalmente veían como contradictorio que el Ayuntamiento cediese 400 m2. al Ministerio de Educación y Ciencia para la construcción de tres aulas de educación especial cuando aún no estaba aprobado el Plan Parcial y esos terrenos estaban considerados como de reserva urbana.

Por todos estos hechos solicitaban que se acordase la suspensión inmediata de las licencias y cesiones hasta que se aprobase un planeamiento que posibilitase todas las acciones.

Alegaciones del Partido Socialista de Andalucía y de la Asociación de Vecinos Cal y Barro

Paralelo a este recurso, al día siguiente, el 18 de Julio de 1978, se presentaban sendos recursos por don Joaquín Reina Morente, como representante del Partido Socialista de Andalucía y doña Margari Cubiles García como secretaria accidental de la Asociación de Vecinos Cal y Barro. Ambos, además de coincidir en los razonamientos del Colegio de Arquitectos añadían que los propietarios de los terrenos venían parcelando grandes extensiones de tierra en esta localidad, sin someterse a las exigencias de previo planeamiento y urbanización, es decir vendiendo parcelas rústicas  por parcelas, por cuyos hechos se cursaron una serie de denuncias por vecinos de la población que en ese momento estaban pendiente de solución, entre ellas la del Ministerio de la Vivienda el 10 de Abril de 1974 o la presentada ante el juzgado de instancia nº. 3 de Sevilla contra el Alcalde, por fraude y falsedad.

En definitiva, la oposición al Plan Parcial se planteaba por entender que lo que se pretendía era legalizar situaciones llevadas a cabo en beneficio de intereses particulares, que en ciertos casos estaba representado por el propio alcalde, como lo era el sector 2, perteneciente a los señores Salas Garau, de quien era apoderado, pretendiendo dejar de conceder al Ayuntamiento la totalidad de las cesiones que los propietarios tendrían que hacer para dotar de equipamiento a la totalidad de la zona, tal como preveía el Plan General.

Porque el que parte de esa zona estuviese consolidada no podía servir de excusa o justificación para eludir tales obligaciones ya que ello redundaría en la falta de servicios ( zonas verdes, culturales, etc. ).

Concluían sus recursos oponiéndose al Plan Parcial pidiendo la anulación de la aprobación inicial y que se ordenase la paralización de las obras ya concedidas, hasta tanto se efectuase la ordenación que preveía el Plan General y que se concediesen y garantizasen las cesiones de terrenos previstos en la Ley para equipamientos colectivos , así como para el patrimonio municipal.

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